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Cuestionar el contenido y la vigencia del concepto de democracia  supone confrontar la opinión generalizada de los ciudadanos del común, para quienes esa noción constituye una realidad indiscutible, cuya materialidad constatan en los ritos electorales, en la escasa presencia de dictaduras a lo largo de la historia republicana, en el régimen de partidos que aparentemente garantiza la pluralidad de las expresiones y en una prensa no sometida a censura oficial que al lado de mecanismos de pesos y contrapesos posibilita, aparentemente,  el control y la limitación al ejercicio de la autoridad.

Colombia no escapa a esa generalizada concepción que ve en el actual régimen político la plena encarnación del ideal democrático: si el presidente cuenta con el respaldo del 80% de la población; si los poderes públicos encuentran teórico fundamento en la soberanía popular; si los gobernantes son elegidos en procesos electorales relativamente libres y transparentes; si las autoridades están sometidas al imperio de la ley en tanto que a los gobernados se les reconoce un amplio catálogo de derechos fundamentales y de libertades civiles, todo ello consagrado formal y solemnemente en la Carta  Política ¿para qué discutir la presencia de lo evidente?

Pero las cosas no son tan simples; el ejercicio de la relatoría aspira a demostrar que esto que la opinión común tiene por evidente y  por claro, está lejos de serlo; que tras del uso y el abuso del término democracia se esconde una historia compleja y contradictoria, construida en el fragor de las luchas sociales, las mas de las veces por actores colectivos y anónimos y que su contenido no está dado por una única verdad intemporal y ahistórica.  Esa necesaria problematización del concepto se apoya en requerimientos académicos pero también, y sobre todo, en la urgencia de construir instrumentos de comprensión de la realidad  que sirvan a las fuerzas interesadas en la modificación de un status quo que, con independencia  del cumplimiento periódico de los ritos electorales y de su respeto por las formas del Estado de Derecho, dista mucho de las aspiraciones por una sociedad bien ordenada en la que los ideales de justicia social y amplio marco de libertades individuales encuentren escenario para su realización.

 
 
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