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PROYECTOS Y DOCUMENTOS
 
PROYECTOS
TALLERES SOBRE DERECHOS FUNDAMENTALES Y RÉGIMEN JURÍDICO EN ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN
Desde el segundo semestre de 2010 la Relatoría de Prisiones y el Grupo de Derecho de Interés Público vienen realizando talleres pedagógicos sobre derechos fundamentales en los establecimientos de reclusión de Bogotá: La Modelo, La Picota y El Buen Pastor.  Los talleres han estado dirigidos tanto al personal administrativo y cuerpo de custodia y vigilancia como a los internos e internas privados de su libertad.
Más información
 
 
MANUAL DEL RECLUSO
Desde el 2010 la Relatoría de Prisiones viene redactando un Manual del Recluso para explicar de manera sencilla los derechos y las obligaciones que tienen las personas que han sido privadas de su libertad en establecimientos carcelarios y penitenciarios. La redacción del Manual ha tenido como inusmo principal las inquitudes y problematicas expresadas por los internos e intenas que han participado en los los talleres sobre derechos fundamentales.
 
 
OBSERVACIONES AL NUEVO PROYECTO DE CÓDIGO PENITENCIARIO Y CARCELARIO
Durante el primer semestre de 2011 la Relatoría de Prisiones, el Grupo de Derecho de Interés Público y el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, trabajaron en la redacción de unas observaciones al proyecto de ley que actualmente cumple trámite en el Congreso y que busca la expedición de un nuevo Código Penitenciario y Carcelario. Estas observaciones fueron discutidas en mesas de trabajo junto con senadores de la República. Actualmente, continuamos realizando seguimiento al proyecto.
   
 
DOCUMENTOS 
INTERVENCIÓN EN ACCIÓN DE TUTELA SOBRE CONDICIONES INDIGNAS DE RECLUSIÓN
El pasado 31 de enero, la Jueza 56 del Circuito Penal de Bogotá expidió una sentencia de tutela con efectos inter communis en la que declaró la persistencia del estado de cosas inconstitucional en las cárceles colombianas -declarado en 1998 por la Corte Constitucional- y además amparó los derechos fundamentales del tutelante y los demás internos de la cárcel La Modelo de Bogotá. Dentro de las órdenes que impartió la jueza se destacan: (i); que el director de la cárcel Modelo se abstenga de recibir más internos en el establecimiento por un periodo de tres 83) meses (ii); que el INPEC y la Unidad de Servicios Penitenciarios gestionen el traslado de todas las personas condenadas recluidas en la cárcel Modelo a las penitenciarías del país, teniendo en cuenta que en la Modelo sólo deben estar personas sindicadas (iii); que la Fiscalía General inicie las investigaciones penales pertinentes ante la posible existencia de fosas comunes con cadáveres al interior de la cárcel Modelo (iv); y que la Secretaría Distrital de Salud haga visitas periódicas al establecimiento de reclusión para comprobar que existen allá las condiciones mínimas para recluir seres humanos. Durante el curso del proceso, el juzgado solicitó al Grupo de Derecho de Interés Público y la Relatoría de Prisiones de la Universidad de Los Andes un concepto sobre el caso, el cual fue determinante para expedir las órdenas mencionadas
 Ver internvencion de la Relatoría y el G-DIP
 Ver fallo de tutela Jueza 56 penal
 
 
INFORME RELATIVO A LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD EN COLOMBIA
En el marco de la visita in loco que se realizó entre el 3 y el 7 de dicimebre de 2012 en Colombia, la Relatoría de Prisiones y el Grupo de Derecho de interés Público (G-DIP) de la Universidad de Los Andes fueron invitados a una reunión con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su secretaría ejecutiva. El objetivo de la reunión fue el de proporcionar a la Comisión información relativa a la situación de las personas privadas de la libertad en Colombia. Para ello, la Relatoría de Prisiones y el G-DIP elaboraron un documento que se centró en cuatro puntos: (i) el aumento de la población penitenciaria y el consecuente hacinamiento carcelario; (ii) la reciente implementación de políticas represivas; (iii) el favorecimiento de la detención preventiva; (iv) los obstáculos para el otrogamiento de subrogados penales y medidas sustitutivas a la detención preventiva; y (v) la falta de infraestructura adecuada para alojar a la creciente población penitenciaria.
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RESPUESTA AL CUESTIONARIO DE CONSULTA DE LA CIDH CON MOTIVO DEL INFORME TEMÁTICO SOBRE PRISIÓN PREVENTIVA EN LAS AMÉRICAS
El 2 de noviembre de 2012, la Relatoría de Prisiones y el Grupo de Derecho de Interés Público de la Universidad de Los Andes, enviaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos un cuestionario resuelto sobre el regimen jurírico de la detención preventiva en Colombia.  Este documento´, que se envío a solicitud de la Comisión, pretende servir como insumo en la redacción del informe temático sobre la prisión preventiva en las Américas.
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COMENTARIOS SOBRE LA POLÍTICA CRIMINAL EN COLOMBIA 
El 15 de febrero de 2011 el Ministerio del Interior y de Justicia creó la Comisión Asesora para el diseño de la Política Criminal del Estado colombiano, con el objetivo de "apoyar la formulación de la política criminal del país, así como realizar recomendaciones al Gobierno Nacional en este sentido". La Comisión Asesora consideró que la participación de la sociedad civil y la academia resultaban importantes a fin de conocer su visión sobre la cuestión criminal de país. Por ese motivo, la Relatoría de Prisiones y el Grupo de Derecho de Interés Público fueron contactados con el objetivo de que dieran una opinión sobre tres puntos: 1. tres problemas de la política criminal; 2. Tres aciertos de la política criminal y 3. tres propuestas y recomendaciones para la estructuración de una política criminal.
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INTERVENCIÓN CIUDADANA-TUTELA EN CONTRA DEL ESTABLECIMIENTO DE MEDIA Y ALTA SEGURIGAD DE VALLEDUPAR
La Relatoría de Prisiones y el Grupo de Derecho de Interés Público redactaron una intervención ciudadana en el proceso de acción de tutela presentada por personas privadas de la libertad en contra del Establecimiento de Media y Alta Seguridad Valledupar. El argumento central de la intervención consistió en mostar, a través de los estándares de derecho internacional sobre la materia, que el  Ministerio del Interior y de Justicia y el INPEC estaban incumpliendo la obligación de garantizar el goce efectivo de los siguientes derechos: vida digna; prohibición de culquier forma de tortura o tratos crueles, inhumanos o degradantes; y la necesidad de la prestación adecuada de servicios públicos esenciales al interior del establecimiento.
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